Especialidades

A lo largo de más de 30 años de carrera profesional, fue desarrollándose sucesivamente en las materias de derecho administrativo, competencia económica, amparo, litigio y derecho corporativo.

Asimismo, ha sido árbitro en arbitrajes tanto de equidad como de la International Chamber of Commerce.

Ha participado también en la elaboración y cabildeo de más de 100 reformas relevantes constitucionales, legales y reglamentarias. Destaca que fue co-creador de los instrumentos de mejora regulatoria que se siguen aplicando.

Desde el 2020 se enfoca a la asesoría jurídica estratégica, conjugando la experiencia adquirida en las diversas especialidades a las que se ha dedicado. Es asimismo miembro de Consejos de Administración.

La asesoría jurídica estratégica es conveniente para abordar, tratar y resolver asuntos particularmente complejos o sensibles con componentes o efectos legales (así como, a veces, sociales y políticos).

Generalmente, tomando en cuenta las circunstancias y factores externos existentes, requiere del análisis profundo de todas las alternativas posibles a fin de definir la manera óptima de proceder.

Necesita también de visión global, amplio criterio jurídico y general, conocimiento, experiencia y objetividad para identificar las fortalezas, debilidades, riesgos y oportunidades, así como de creatividad y capacidad de diálogo, de negociación y para trabajar con equipos multidisciplinarios.

La diversidad de temas relevantes en que le ha tocado participar a Rafael M. Brito Anderson tanto como asesor como litigante y la oportunidad que ha tenido de interactuar durante muchos años de ejercicio profesional con importantes empresarios, directores generales de empresa, Secretarios de Estado, Gobernadores, Procuradores, Senadores, Diputados, Ministros y Magistrados del Poder Judicial, funcionarios de primer nivel y otros abogados y profesionistas, fue lo que lo motivó, a recomendación de varios de sus clientes, a enfocarse a la asesoría jurídica estratégica.

Asimismo, ello lo llevó de manera natural a ser invitado como miembro de Consejos de Administración.

La asesoría la presta de manera personal, con total transparencia y la más alta ética para con sus clientes, anteponiendo siempre el mayor beneficio de sus representados a la par de buscar soluciones justas; lo anterior, fuera de tribunales en la medida de lo posible.

Planea, propone y explica las acciones a realizar, para su ejecución por terceros contratados por sus clientes o que les sugiere a los mismos (otros abogados reconocidos en diversas especialidades, economistas, contadores, lobistas, firmas de consultoría en medios, investigadores, etc.), interviniendo generalmente Rafael M. Brito Anderson en forma directa sólo en la ejecución de las acciones y negociaciones más relevantes que lo requieren.

Tiene un profundo conocimiento del derecho administrativo.

Su experiencia abarca prácticamente todas las áreas relacionadas con los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales, tanto en consultoría al gobierno y a empresas, como en amparo, litigio y arbitraje administrativo.

Ha participado además en numerosas reformas legales en materia de derecho administrativo (ver el apartado de Reformas Legales).

Actividades Reguladas

Ha emitido interpretaciones y opiniones sobre riesgos regulatorios y la solución a los mismos en múltiples materias, tales como telecomunicaciones, energía, aeroportuario, aviación civil, autotransporte, ferroviario, portuario, juegos y sorteos, agua, salud, sanidad animal y vegetal, desarrollo urbano y ambiental.

Ha asesorado a clientes en materia de concesiones, permisos y autorizaciones, así como en relación con una gran cantidad de problemáticas legales que han tenido en el ejercicio de sus actividades.

Asociaciones Público Privadas, Licitaciones y Contratos

Asesoró al Gobierno Federal en relación con contratos de prestación de servicios a largo plazo en materia penitenciaria por más de $160,000 millones de pesos.

Asesoró al Gobierno Federal en la conceptualización y elaboración de los instrumentos jurídicos relativos a un proyecto de asociación pública privada con valor de 10,000 millones de dólares.

Ha dictaminado propuestas no solicitadas en materia de telecomunicaciones y de seguridad pública.

Ha asesorado a dependencias gubernamentales en el diseño e instrumentación de importantes procesos de licitación y de excepción a los mismos (invitaciones restringidas y adjudicaciones directas).

Ha asesorado a empresas para participar en licitaciones, así como en la impugnación de las mismas, en los sectores de telecomunicaciones, portuario, de instrumental quirúrgico, etc.

Desarrollos turíticos, Zofemat, aeródromos y otros temas inmobiliarios

Después de solucionar todos los conflictos que existían sobre la tenencia de la tierra, diseñó y coordinó una estrategia legal, social, política y mediática, que concluyó con la obtención de la autorización de Plan Maestro de Desarrollo Turístico Integral y Manifestación de Impacto Ambiental sobre el área turística más grande autorizada a la iniciativa privada en la historia de México, al igual que la autorización de los usos del suelo y subdivisiones correspondientes.

Ha diseñado e instrumentado estrategias legales en materia de concesiones en zona federal marítimo terrestre, con el objeto de conservar esa área libre de terceros, al menor costo posible. Ello, en decenas de kilómetros de playa y acantilados (respecto de estos últimos, estructuró la argumentación y estrategia contenciosa para sustentar la no existencia de zona federal marítimo terrestre).

Diseñó e instrumentó una estrategia jurídica para, sin la necesidad de iniciar un litigio, lograr la reapertura de un importante aeródromo privado. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes había negado la prórroga del permiso bajo el argumento de que los terrenos estaban en litigio; al respecto, propuso al gobierno estatal que decretara una limitación de dominio temporal mientras durara el litigio y que solicitara el permiso a nombre del gobierno estatal, cubriendo la empresa los gastos de operación correspondientes.

Obtuvo, a través de un procedimiento administrativo no contencioso, la cancelación de registro de varias escrituras públicas y de claves catastrales a invasores de 960 hectáreas. Posteriormente, representó a la empresa en nombre de la cual promovió la cancelación referida, como tercera perjudicada en el juicio de amparo que presentaron los invasores contra la cancelación, logrando que se les negara la suspensión que solicitaron, así como el amparo en el que alegaban violación a la garantía de audiencia.

Mediante la ejecución de acciones creativas en materia de derecho administrativo, ha combatido despojos exitosamente.

Amparo, litigio y arbitraje administrativo

Ha impugnado de manera exitosa la inconstitucionalidad de diversas leyes y reglamentos, así como de actos arbitrarios de la autoridad en una multiplicidad de materias.

Ha logrado la revocación de concesiones otorgadas a terceros.

Obtuvo el reconocimiento de varias empresas como terceras perjudicadas en un juicio de amparo contra leyes (hasta donde se tiene conocimiento, fue el primer abogado en lograr un reconocimiento de ese tipo en México).

Ha combatido exitosamente medidas de apremio y sanciones.

Ha logrado múltiples suspensiones provisionales y definitivas trascendentes.

Ha asesorado con éxito a servidores públicos en procedimientos de responsabilidad administrativa.

Ha sido árbitro y perito en relevantes procedimientos arbitrales en materia administrativa.

La materia de competencia económica empezó en México con la entrada en vigor, en junio de 1993, de la primera Ley Federal de Competencia Económica. Rafael M. Brito Anderson inició su práctica en la materia en 1995 como asesor jurídico externo de la entonces Comisión Federal de Competencia para la atención de casos particularmente complejos y, junto con el entonces Secretario Ejecutivo de dicho órgano, ideó y elaboró la reforma regulatoria por la que se dividieron y regularon los procedimientos de investigación y en forma de juicio. Años después, participó también en la propuesta de diversas disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos que comprenden regulaciones en el área de competencia económica.

Ha desahogado todos los tipos de procedimientos, en una multiplicidad de mercados (radiodifusión, televisión abierta y restringida, internet, telefonía fija y celular, interconexión, satelital, aeroportuario, bancario, de centros cambiarios, de juegos y sorteos, de salud, de tiendas de autoservicio, inmobiliario, de diversos bienes de consumo, como leche, botanas, cervezas, etc.) y ha contribuido en la formación de precedentes tanto por la autoridad administrativa como por el Poder Judicial de la Federación.

Amparo y litigio de competencia económica (prácticas monopólicas y concentraciones prohibidas)

Ha obtenido resoluciones firmes condenatorias en contra de empresas que han cometido prácticas monopólicas.

Asimismo, ha impugnado exitosamente varias concentraciones de gran relevancia, como, por ejemplo, una concentración que se pretendía concretar entre una importante televisora de México y una de las más importantes cadenas radiodifusoras, y otra concentración entre dos de las tres empresas troncales ferroviarias mexicanas.

Ha obtenido también relevantes resoluciones absolutorias en casos iniciados por la autoridad, tanto de oficio como mediando denuncia, por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas y relativas. Ello lo ha logrado en diversas etapas del procedimiento: durante la etapa de investigación; al resolverse el asunto por el órgano competente; y asimismo con motivo de la presentación de compromisos de clientes a fin de acogerse al beneficio de dispensa del importe de multas.

Fue quien por primera vez impugnó exitosamente la inconstitucionalidad de la primera Ley Federal de Competencia Económica por prohibir la participación de terceros afectados en los procesos de notificación de concentraciones.

Ha combatido con éxito multas impuestas como medida de apremio por parte de la autoridad de competencia, cuando sus clientes no habían desahogado indebidos requerimientos de información que les habían hecho.

Notificación de concentraciones

Destaca que logró la aprobación de la concentración y “club de compra” más importante que se ha llevado a cabo en México por parte de tiendas de autoservicio en el mercado de adquisición de insumos y compra al mayoreo de mercancías. Fue un asunto complejo, ideado para prevenir que pudiera después argumentarse la realización de prácticas monopólicas absolutas por parte de quienes se concentraron con el objeto de, en conjunto, comprar productos: fue resuelto, en primera instancia, con tres votos en contra y dos a favor, en el Pleno de la entonces Comisión Federal de Competencia, y reconsiderado después favorablemente por dicho Pleno, con cuatro votos a favor y uno en contra.

Propuso el primer procedimiento de simple aviso de concentración, así como el primer procedimiento simplificado de notificación de concentración, e instrumentó dichos procedimientos en una diversidad de casos.

Opiniones de la autoridad

Tramitó opiniones favorables de la autoridad de competencia para permitir la participación de clientes en importantes licitaciones públicas.

Fue quien por primera vez combatió exitosamente el que la autoridad de competencia no permitiera la participación formal de empresas terceras al emitir su opinión previa para el otorgamiento de concesiones, logrando incluso la suspensión de los procesos de licitación correspondientes (conocida fue la suspensión que obtuvo de las licitaciones públicas del año 2004 para el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para telefonía móvil).

Participó asimismo en el diseño e instrumentación de la estrategia para que la entonces Comisión Federal de Competencia emitiera opiniones de existencia de poder sustancial en diversos mercados de telecomunicaciones.

Opiniones a empresas

Ha emitido opiniones en materia de cláusulas de no competencia, con el objeto de salvaguardar los intereses de sus clientes y, al mismo tiempo, el proceso de competencia y libre concurrencia.

Ha dado múltiples opiniones a organizaciones gremiales y empresas para prevenir la comisión de conductas contrarias a la normatividad en materia de competencia económica, así como para negociar que otros agentes económicos dejen de realizar conductas que afectaban a sus clientes.

Junto con el Doctor Fernando Salas Vargas (en aquél entonces Coordinador de Asesores del Secretario de Comercio y Fomento Industrial y Jefe de la Unidad de Desregulación Económica; y después primer Titular de Comisión Federal de Mejora Regulatoria), ideó, elaboró y cabildeó ante el Congreso de la Unión la creación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (ahora Comisión Nacional de Mejora Regulatoria), la Manifestación de Impacto Regulatorio (actualmente Análisis de Impacto Regulatorio) y el Registro Federal de Trámites y Servicios, que fueron aprobados por el Poder Legislativo en 1996 por unanimidad.

Su participación en reformas ha sido extensa y en una diversidad de materias, tanto de derecho privado (Código Civil del Distrito Federal, Código de Comercio, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal), como de derecho administrativo, actividades reguladas y en materia indígena (Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento; Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento; Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica; durante el sexenio del Presidente Zedillo, proyecto de reforma al artículo 27 constitucional en materia de electricidad y diseño y formulación del marco jurídico para la apertura de la inversión privada en la industria eléctrica; Reglamentos de la Ley de Aeropuertos, de la Ley de Aviación Civil, de la Ley del Servicio Ferroviario y de la Ley de Navegación; Ley Forestal; Ley tipo para los Estados de la República en Materia de Agua; Reglamento de Sanidad Vegetal; Ley de Asociaciones Ganaderas; Reglamento de la Prestación del Servicio Turístico del Sistema de Tiempo Compartido; diversas leyes y reglamentos del Distrito Federal; reforma de 2001 a la Constitución Política del Estado de México; Código Administrativo del Estado de México; y Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas).